RAFAELA NOTICIAS, ÚNICO MEDIO EN EL LUGAR. Un hecho inusual tuvo lugar este domingo en los Tribunales de Rafaela, donde el ladrón no fue a parar a la Alcaidía gracias a un pedido inesperado: el de su propia víctima. La fiscal Lorena Korakis presentó pruebas contundentes contra Guillermo Hugo Rogero, de 39 años, acusado de participar en un robo ocurrido el 6 de julio en un depósito ubicado en la esquina de Guillermo Lehmann y Luis Maggi, de donde se llevaron una gran cantidad de electrodomésticos. Según detalló la fiscal, Rogero y otros dos sujetos –aún no identificados– llegaron en tres ocasiones distintas durante ese mismo día al lugar. Tras romper un vidrio y abrir un portón, se llevaron una heladera, un lavarropas, una cocina, una pava eléctrica, partes internas de un split, cajas de térmicas y teclas de luz. Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano registraron los movimientos de la camioneta utilizada para cometer el delito, viéndosela ingresar y salir del barrio Barranquitas, donde se presume que fue descargado el botín. Gracias a las imágenes, no solo se identificó la patente del vehículo, sino también al propio Rogero como conductor, reconociéndose su vestimenta y un tatuaje en una de sus manos. A pesar de las 14 requisas realizadas en diferentes puntos de la ciudad, solo se logró recuperar parte del aire acondicionado. La fiscal imputó a Rogero por el delito de robo calificado por ser cometido en poblado y en banda en carácter de coautor, cuya pena va de los 3 a los 10 años. Además de la gravedad del hecho y el importante perjuicio económico, argumentó que el acusado intentó entorpecer la investigación: entre la segunda y la tercera incursión al lugar, retiró parte del ploteado de la camioneta para evitar ser identificado. A eso se sumó el agravante de que el imputado se encontraba prófugo, habiendo abandonado su domicilio durante un allanamiento, aunque luego se terminó presentando con su abogado ante la justicia. Judiciales 24 Jul Otorgan prisión domiciliaria a una de las acusadas como "organizadora" del búnker narco en Villa Dominga         En la audiencia, el defensor, Dr. Juan Manuel Lovaiza, no negó la participación de Rogero en el hecho, pero pidió que no se le dicte prisión preventiva, sino que se le otorguen medidas alternativas, como quedar a cargo de su padre e iniciar un tratamiento contra las adicciones. “No comprendía la extensión del daño por la droga”, expresó el abogado, asegurando que su cliente lleva años de consumo y necesita asistencia profesional. Sostuvo además que Rogero no tiene antecedentes penales, que tiene hijos en Rafaela, trabaja junto a su padre –aunque éste negó tal afirmación en una entrevista con la fiscal– y que el delito no fue violento contra personas, por lo que bastaría con prohibirle contacto con testigos para evitar riesgos de entorpecimiento. El propio Rogero pidió hablar. Reconoció haber manejado la camioneta el día del robo, pidió disculpas a la familia damnificada y dijo desconocer que el lugar les pertenecía. “Hace 25 años que consumo droga. Me consumió la vida, consumo tanto que a veces ni sé cómo me llamo”, confesó. También relató que lleva dos décadas intentando salir sin éxito. El giro inesperado se dio cuando la víctima, presente en la audiencia, solicitó declarar. Contra toda lógica habitual –donde los damnificados suelen pedir la prisión preventiva del imputado–, la mujer pidió exactamente lo contrario. Dijo ser amiga de la familia del acusado y le rogó al juez que no lo encarcele, sino que le brinde la posibilidad de recuperarse de las adicciones en libertad. También solicitó que Rogero repare de alguna forma el daño causado y agradeció públicamente el trabajo de la fiscal Korakis y de la Policía de Investigaciones. Judiciales 25 Jul Condenaron a un hombre por coacciones, intento de robo y tenencia de un arma         Este testimonio, si bien no es vinculante en términos jurídicos, tuvo un peso simbólico importante. El juez Javier Bottero valoró especialmente esa actitud y decidió aceptar el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscal, pero con una condición excepcional: que Rogero la cumpla en su domicilio. La decisión fue acompañada de una fuerte advertencia. El magistrado le indicó al imputado que en menos de un mes debe iniciar un tratamiento por sus adicciones, y que si no lo hace, podría revocarse la prisión domiciliaria. “No podrá salir ni a la vereda”, aclaró Bottero, al mismo tiempo que estableció que quedará bajo el cuidado de su padre. Finalmente, se dirigió al acusado y destacó la actitud de la víctima: “Valore la postura de quien pidió que usted se recupere. Esta medida persigue esa finalidad”, concluyó el juez.
prisión preventiva domiciliaria
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